Recortes, o ¿cómo lo llamamos?

Jaume Martínez Bonafé
Que el capitalismo salvaje está que se sale es una obviedad y a los gestores del dinero público no se les ocurre otra cosa que engrasar su descontrolada maquinaria. Decir que se cierran servicios de urgencia en los hospitales o que se dejan de contratar a miles de profesores y se aumentan las horas lectivas de quienes se quedan en el aula, sin decir nada de los 6000 mil millones que se lleva la Iglesia o el aumento de presupuesto en gastos militares, tiene un nombre. Ponernos a todos y todas dentro de un coche para poder ir a trabajar, y aumentarnos el precio de la gasolina, o bajarnos el sueldo mientras aumenta el precio de los alimentos, también tiene un nombre. Y además lo televisan, le dan publicidad, nos lo echan a la cara. Lo que dice Esperanza Aguirre que se ahorra en los recortes a la educación pública es la sexta parte del presupuesto del Real Madrid CF para esta temporada. No tiene nada que ver, vale. Tampoco tiene nada que ver que una tal Cospedal gane trabajando en la política casi veinte veces más que una maestra, son servicios públicos distintos. Vale. Pero todo esto tiene un nombre, ¿no?.
¿Cómo lo decimos, cómo nos lo explicamos, cómo lo contamos en la escuela?. Seguramente nuestros curricula son muy extensos y no nos da tiempo a nada más allá de los problemas de matemáticas o los análisis gramaticales, pero ahora recuerdo aquello de la "lección ocasional". Llueve tras los cristales, hay un maremoto en Japón o es el aniversario de Maripili y detenemos el curriculum para ocuparnos del asunto. Pues oiga, esto es bastante más serio. Habrá que parar la escuela de siempre para que entre en las aulas el análisis de la vida cotidiana. Es un derecho de la ciudadanía y un deber del servidor público. Explicar lo que pasa. Comprender lo que nos pasa. Y decidir sobre lo que nos pasa. En algunas asambleas del 15M se han empezado a elaborar guías didácticas y materiales para trabajar en las aulas el análisis de todas estas políticas de la barbarie. Pues antes que nos reformen o supriman el art. 27 de la Constitución -obviamente, sin consulta popular-, me parece que es una de las tareas prioritarias de la función pública de la educación.
(Publicado en Cuadernos de Pedagogía, oct. 2011)